Las patronales farmacéuticas nacional (FEFE) y madrileña (Adefarma) se han sumado al Gobierno de Comunidad de Madrid respecto a que la legislación actual “permitiría” la realización en la red de farmacias de test rápidos de detección de Covid-19. A través de sendos informes jurídicos, ambas empresariales consideran que la ley “no prohíbe expresamente” que estas pruebas puedan estar disponibles en las boticas españolas.
“No hemos encontrado en el ordenamiento una prohibición expresa por la que el personal sanitario de la oficina de farmacia no pueda realizar determinados test rápidos. Sin embargo, sí existen normas y pronunciamientos que podrían permitir dicha realización”, apunta Luis de Palacio, presidente de FEFE y, además de farmacéutico, licenciado en Derecho.

Para este profesional, son varias las normativas a tener en cuenta. Una de ellas es la Ley 16/1997, de 25 de abril, que establece un elenco de las funciones “básicas” que debe prestar la oficina de farmacia, dejando abierta sus funcionalidades y servicios “a la atención de demandas sociales”. Para De Palacio, actualmente existe esa demanda social respecto a la disponibilidad de pruebas diagnósticas frente a la Covid-19 en farmacias.

Por otra parte, continua el análisis, el RD 1662/2000 prevé la venta de productos de autodiagnóstico en la oficina de farmacia como canal exclusivo, y prohibición expresa de venta online. Sin embargo, para el resto de los productos de diagnóstico “in vitro” —como son catalogados actualmente los test de antígenos, por ejemplo— y su puesta en servicio establece requisitos generales que deberán concretarse en función del producto de que se trate y lo que el fabricante establezca “también aplicable a la oficina de farmacia”, consideran.
 

El Global